Cada año, decenas de empleadores canadienses se enfrentan a esta realidad debido al incumplimiento del Programa de Trabajadores Extranjeros Temporales. Sólo en el último año, las medidas de ejecución han aumentado un 55% y han afectado a empresas de los sectores del transporte, la construcción y la sanidad.
En esta guía se explica exactamente qué ocurre cuando se descubre que una empresa incumple las normas y cómo puede proteger su negocio.
Puede enfrentarse a multas de hasta 100.000 dólares por infracción. Las infracciones múltiples pueden superar rápidamente el millón de dólares en sanciones. Estas cantidades dependen de la gravedad, la intencionalidad y de si su empresa tiene infracciones anteriores.
Una constatación de incumplimiento puede suspender su capacidad para contratar trabajadores extranjeros de forma temporal o permanente. Durante este periodo, no se aprobarán nuevos LMIA ni permisos de trabajo, lo que puede paralizar operaciones críticas.
El nombre de su empresa, su dirección y los detalles de la infracción se publican en la lista oficial del Gobierno de Canadá, visible para clientes, socios y medios de comunicación. Esto puede dañar la reputación de su marca, reducir la confianza entre los empleados y dificultar la atracción de futuros talentos.
En 2024, las empresas de transporte fueron multadas con un total de 2,4 millones de dólares por discrepancias salariales y falta de registros. Las empresas de construcción fueron suspendidas del programa durante un máximo de cinco años. Más de 270 empleadores han sido incluidos en el registro oficial de incumplimiento desde su creación, lo que demuestra lo extendidas que se han vuelto estas sanciones.
El impacto es real y duradero. Por ejemplo, un proveedor de servicios sanitarios fue multado por contratar personal sin la debida verificación de credenciales, y una empresa tecnológica fue sancionada por clasificar erróneamente a los desarrolladores de software como puestos exentos, lo que dio lugar a multas de seis cifras en 2023.
Podría perder empleados esenciales, sufrir retrasos en sus proyectos y arriesgarse a perder contratos que exigen pruebas de cumplimiento. Incluso una suspensión breve puede alterar su plantilla y su rentabilidad. También puede tener que hacer frente a costes indirectos, como honorarios de abogados, primas de seguros más elevadas y pérdida de la condición de proveedor preferente de sus clientes. Con el tiempo, también puede tener dificultades para atraer talento cualificado, un mayor escrutinio en futuras solicitudes de LMIA y planes de acción correctiva obligatorios impuestos por las autoridades antes de poder reanudar la contratación.
Si ha respondido "no" a alguna de estas preguntas, su empresa puede ser vulnerable.
Si se encuentra en esta situación, debe seguir estos pasos:
Si recibe una notificación, también puede tener la oportunidad de recurrir. Los empresarios pueden aportar pruebas adicionales, presentar alegaciones por escrito o solicitar una revisión en un plazo determinado, que suele ser de 30 días a partir de la fecha de notificación. Es fundamental actuar con prontitud para preservar sus derechos y prepararse eficazmente para los siguientes pasos.
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